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Aprobadas las Medidas que ´liberarán´ el suelo rural

El PP intentó que la ubicación gasística estuviera regulada por las Medidas Urgentes

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El presidente canario, Paulino Rivero, y el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel.
El presidente canario, Paulino Rivero, y el consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel.  Cristóbal García (Efe)

SARO DÍAZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE El suelo, ¡perdón!, el bacalao estaba ya vendido. Con la oposición del PSC, se aprobó ayer la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo. Luto para quienes defienden la absoluta protección de los parajes naturales y fiesta para quienes ven en esta norma una puerta abierta a prácticas que pueden "dinamizar la economía canaria", tal y como señalaron ayer en el pleno parlamentario los diputados que defendieron la ley por parte de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, y del Partido Popular (PP), Jorge Blanco. El Grupo Popular, precisamente, intentó introducir una enmienda in voce a última hora para que los planeamientos territoriales fueran los que definieran la ubicación del gas en Gran Canaria, primero, y, luego, en las demás islas, aunque requería una unanimidad que el grupo socialista rechazó pese a que, según CC Y PP, había sido propuesta por el Cabildo grancanario, gobernado por los socialistas y Nueva Canarias, "y otros ayuntamientos, algunos también socialistas".
CC y PP reprocharon una vez más a los socialistas que no quisieran aceptar su invitación al diálogo, mientras que el defensor de la postura del PSC, el diputado Luis Fajardo, aludió a los subterfugios utilizados en la tramitación de la norma para no dar vía a sus aportaciones.
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, bendijo la aprobación de esta ley viendo en ella una oportunidad "para diversificar la economía canaria y hacerla menos dependiente". Coincidió con Fajardo en la mención de "millones de metros cuadrados de suelo industrial" retenidos "por razones de tipo especulativo".
Fajardo se remontó a declaraciones del Cabildo majorero en 2008, en las que denunciaba que un importante porcentaje de los permisos para cuartos de aperos en suelo rural habían acabado traduciéndose en viviendas, lo que ratifica su opinión de que estas Medidas "permiten un uso impropio del suelo rural".

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