La Delegación del Gobierno exige al PP una rectificación por atacar a la Policía

LA OPINIÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE La Delegación del Gobierno de España en Canarias, expresó ayer su satisfacción por el archivo judicial de las denuncias presentadas contra la Jefa Superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega, y contra los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que habían llevado a cabo las investigaciones en las operaciones Faycán y Góndola. Asimismo, consideró que este auto judicial obliga ahora a los autores de las denuncias a una rectificación pública de "tan reprochable comportamiento".

Según un comunicado escrito emitido por la Delegación del Gobierno, las personas que denunciaron han "tratado de sembrar sospecha en actuaciones estrictamente profesionales y en el funcionamiento mismo del Estado de derecho".

"Quienes han pretendido dañarlo o socavarlo, han recibido, tras esta resolución judicial, un severo varapalo y quedan ahora desautorizados para criticar, más allá del derecho de defensa que les pudiera asistir, las actuaciones residenciadas en vía judicial tras las correspondientes averiguaciones policiales", continúa el comunicado.

En este sentido, la Delegación señaló que, tras la decisión judicial, queda "bien claro" que las investigaciones realizadas por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía a raíz de las denuncias formuladas por particulares, "se han realizado de forma modélica y, como no podía ser de otra manera, con pleno respeto a la legalidad vigente y siguiendo las instrucciones dictadas por la autoridad judicial competente en cada caso".

La Delegación manifiestó en su escrito su rechazo a las actuaciones políticas "irresponsables" que "de manera tendenciosa" han querido en esta ocasión "mancillar" el prestigio del Cuerpo Nacional de Policía.

"Es de esperar, que tras este archivo judicial, quienes han intentado menoscabar la profesionalidad del Cuerpo Nacional de Policía comprendan de una vez que en política no vale todo", añadió.

Finalmente, la Delegación se congratuló de que las resoluciones judiciales dictadas confirman el correcto funcionamiento de las instituciones que integran el Estado de derecho y la pericia profesional de los cuerpos policiales.