Acción Social espera que el Estado clarifique sus competencias

Cabildo y ayuntamientos coinciden en las contradicciones surgidas respecto a la aplicación de la nueva ley

20.11.2015 | 19:11
Acción Social espera que el Estado clarifique sus competencias

El Foro Insular de Acción Social, que integra representantes del Cabildo y los ayuntamientos en materia de asuntos sociales, mantuvo el jueves día 19 de noviembre en Candelaria un encuentro tras el cual acordaron solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que inste al Gobierno de España a clarificar con prontitud (a través decreto ley) las competencias municipales en servicios sociales, después de que se comunicara la prórroga en la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que traspasa las competencias sociales que prestan los ayuntamientos a las comunidades autónomas.

En este foro se manifestó la preocupación de los ayuntamientos por cómo aplicar la norma después del establecimiento de esta prórroga. "La variopinta interpretación jurídica sitúa a los ayuntamientos en una situación complicada, de incertidumbre, hay mucha preocupación por los servicios sociales que están prestando hoy y su continuidad", según manifestó la consejera insular de Acción Social, Cristina Valido, quien añadió que "nos llegan desde los municipios de toda España distintas posiciones de sus interventores, parece que se ha dejado demasiado margen a la interpretación, no hay un respuesta contundente y clarificadora, jurídicamente indiscutible para que los ayuntamientos puedan estar medianamente tranquilos. A medida que indagas la incertidumbre crece".

En otro orden de cosas, la Dirección General del Menor explicó en el Foro de Acción Social el contenido de la nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, en la que las corporaciones locales tienen una participación destacada, una ley aprobada este mismo año que ya ha entrado en vigor y que pone de nuevo importantes responsabilidades en manos de los municipios, lo que según Valido también entraría en contradicción con la ley de racionalización y sostenibilidad, hoy aparentemente prorrogada.

Además, Alicia Álvarez, directora general de Discapacidad y Dependencia del Gobierno de Canarias, participó en esta jornada de encuentro y expuso los objetivos de su área del Gobierno en esta materia, así como los presupuestos y prioridades para 2016

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