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Las Estaciones y Los Días
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Israel Olivera

Periodista. Del norte al sur.

Sobre este blog de Cultura

De lo cultural, de lo político y de lo social


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  • 13
    Septiembre
    2013

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    El lodazal de los ERE

    Resulta un fango pestilente. En el modo, en las formas, en el fondo, en los tiempos.

    El destino fraudulento de un dinero público siempre supone un dolo gravoso a la ética, pero quizá este caso aún escueza más.

    Un dinero público destinado en su origen a respaldar económicamente a empresas obligadas a presentar un ERE, a facilitar prejubilaciones  o realizar despidos que ha acabado en manos privadas que poco o nada tenían que ver con el objeto de las ayudas. Inmoral y cortijero.

    Y es que en este caso se mezcla de manera vergonzante lo público y lo privado, la justicia y la política, la información y los intereses, haciendo ver que la ciudadanía, una vez más, importa lo que una pompa de jabón electoral, que explota una vez emitido el voto.

    Con maneras propias de cortijo, algunos dirigentes socialistas, sus adláteres, sus próximos,  creyeron en su momento que este territorio llamado Andalucía era propio, más de dos décadas alimentándose de los pesebres de un gobierno de color único pueden confundir a cualquiera, lo que les otorgó el poderío confianzudo de creerse capaces de solventar sus tejemanejes sin injerencias. La actitud fuera de los juzgados de personajes como el ex director de Trabajo, Javier Guerrero, o el ex dirigente de UGT, Juan Lanzas, son más propias de las bravuconadas mafiosas que de responsables políticos o judiciales. El gesto, las formas, las palabras.  Pero Andalucía no es un cortijo. La justicia, teledirigida o no, ha llegado, y pese a que desde el PSOE-A se le reste importancia y se intente desviar la atención hacia otro foco, otros motivos (personales, cansancio, relevo generacional), algo ha tenido que ver en la espantada de Griñán.

    Y aquí aparece  una segunda pata de este banco, la zafiedad del uso político de las directrices judiciales.

    Y es que la oportunidad política en la que se ven envueltas las órdenes, autos y dictámenes marcados por la juez del Caso, Mercedes Alaya, siempre coincidentes con movimientos decisivos del Partido Socialista de Andalucía y de la propia Junta, han estado desde el primer momento en el disparadero. En hasta 13 ocasiones los autos y llamamientos a declarar de la juez han coincidido con citas electorales claves. La "imputación delegada" a Griñán y Chaves, conocida a través de los medios y del PP-A, en la jornada de investidura del nuevo gobierno andaluz ha sido su mejor momento "apropiado".

    Así, el tejido de la corrupción de este Caso de los ERE alcanza, presuntamente, a todos aquellos órganos en los que la ciudadanía deposita su confianza cuando se siente indefenso ante una situación de despido: sindicatos, abogados, intermediarios, políticos, consultoras, administración... Y este tufo de desconfianza alcanza a la propia justicia, donde la idoneidad de las revelaciones se intuye precariamente imparcial.

    Caso abierto el de los ERE, todas estas cuestiones, en las que la mayoría quedará sin respuesta, por contestar:

    ¿Hasta dónde llega la implicación política en el caso de los ERE? ¿Cómo se puede montar una trama así durante años sin que nadie de la voz de alarma? ¿Qué va a ocurrir con el dinero asignado de manera fraudulenta a privados? ¿Cómo se compensará a las empresas, personas y familias que no se pudieron subvencionar? ¿Qué favores han logrado los "conseguidores"? ¿Qué filiación política-económica tienen los conseguidos? ¿Hasta dónde llegan los sobornos y quiénes han sido los presuntamente sobornados?

    ¿Qué puede hacer la ciudadanía cuando todo alrededor parece hundido en el fango de la codicia y de la podredumbre? Las próximas elecciones darán la repuesta a esta pregunta. Y cuando la desbandada de las urnas sea la auténtica mayoría, los dos partidos mayoritarios seguirán preguntándose porqué y tendrán la desfachatez pre y postelectoral de apelar a la conciencia democrática de la ciudadanía sin hacer un ápice de autocrítica.

    En el año 2001 la Junta de Andalucía decidió comenzar un procedimiento para respaldar empresas ahogadas económicamente y que su tránsito hacia la recuperación o su desmantelamiento fuera lo menos traumático para la parte más débil, los trabajadores. Se destinaron cerca de 721 millones de euros, ampliables a 1.217 millones de dinero público.  De todos ellos, se calcula que 136 millones de euros no llegaron a sus destinatarios y que se desviaron hacia: prejubilaciones presuntamente fraudulentas (personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas por los ERE) 12, 3 millones de euros; subvenciones a empresas que no habían presentado ningún ERE (incluso a personas que no habían creado ninguna empresa), 73, 8 millones de euros; comisiones a intermediarios entre la Junta de Andalucía y los trabajadores, sindicatos, abogados, consultoras, entre 50 y 68 millones de euros.

     

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