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Blog La montaña rusa - Javier Durán

Javier Durán

Es redactor jefe de LA PROVINCIA/DLP. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y estudios de Ciencias Políticas por la UNED, además de tener un máster sobre comunicación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Sobre este blog de

Solemne no es lo mismo que serio; ceremonioso es diferente a protocolario; aburrido es lo contrario de explosivo; triste tiene que ver con pesadumbre; precoz es ser un adelantado... ¿Podemos estar un día, a una hora, en semejantes cambios de tono de la agobiante realidad? Vamos a intentarlo.


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  • 08
    Octubre
    2013

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    Benevolencia 'malayense'

    Si usted se aplicara con denuedo en buscar los orígenes del mal entre esa plancha de corruptos que oyó expectante la sentencia del caso Malaya, diría que entre sus actos delictivos y la sociedad que observó cómo engordaban sus patrimonios existió un estado diabólico de permisividad: Marbella integró en su permanente festín, al jolgorio de sus jeques, villas y giligadas (de Jesús Gil), una camada de hombres y mujeres que engrandecían Sodoma y Gomorra, y a los que nadie les pedía cuentas sobre sus aberraciones ni sobre los incrementos exuberantes de sus haciendas particulares.

     A la hora de bucear en el fango del robo al erario público, uno de los escalofríos que resultan de la observación es la tremenda complicidad social que rodea a la acción, incapaz de hacerse reproche alguno por mirar hacia otro lado en su momento y dispuesta, en algunos casos, a convertirse en aprendiz aventajado de los que triunfaron y aún triunfan. Sus habilidades cotizan más que las de un catedrático de universidad, se les cede un puesto en una tertulia televisiva o en una palestra periodística y con el tiempo alcanzan hasta un honoris causa con la admiración de los estudiantes de dirección de empresas, que a la hora del café se acercan a su vera para hacerles preguntas sobre los paraísos fiscales.

     Mientras en la UE protestante primeros ministros dimiten por burlar una sanción de tráfico o por plagio de una tesis doctoral, en España la suposición o la presunción de inocencia blinda a sospechosos por los tiempos de los tiempos. Los rostros de mármol de los infractores aguantan lo indecible el chaparrón, siempre calculado para un tiempo determinado, y con la leyenda a pie de página de que será activado o desactivado judicialmente según conveniencias electorales. Uno de los souvenirs patrios, siempre capaces de sorprender al extranjero, es la cantidad de información, papeles, carpetas, discos duros, pendrives, recursos de recursos, vistas orales, testificales, periciales, encarcelamientos, puestas en libertad, embargos, subastas, recogidas de pruebas, recusaciones... Una desorbitada acumulación (por supuesto que con coste multimillonario para las arcas públicas) que, finalmente y finamente, acaba en condenas que reducen a la mitad la peticiones de penas de los fiscales, y que sorprenden por la benevolencia malayense frente a los que saquearon y se enriquecieron a costa del Ayuntamiento de Marbella.

    ¿Es lógico, entonces, que se escuche a nuestro alrededor que el peor que lo lleva ante los jueces es el que roba una gallina? Parece que es lo que piensa o cree un importante espectro de la sociedad, que ve con frustración generalizada un recorte a través de la imposición de tasas judiciales de sus facultades para defenderse. Y no sólo ello, sino que ve que los posibles económicos del acusado influyen cada vez más a la hora de obtener un fruto más o menos rentable ante un tribunal.

    Escenas como las de futbolista Lionel Messi, defraudador tributario, aplaudido a la salida de los juzgados por sus seguidores llenan de estupefacción. A los allí presentes poco les importaba el hecho de que hubiese intentado engañar al fisco español: un astro del balón está por encima del bien y el mal. ¿Se utilizará esta prepotencia para que el tribunal encargado de juzgarle demuestre que nadie está libre de responsabilidad, pese a ser el mejor del mundo sobre el césped? No se juzga sólo una maniobra de ingeniería financiera, sino también la necesidad de transmitir a través de una sentencia ejemplaridad y escarmiento ante los que se consideran inmunes frente al resto de los humanos.

    El día de autos en que la operación Malaya estaba en marcha, la televisiones descubrían la materialidad de la fortuna amasada por Juan Antonio Roca, cuya residencia, tomada por la policía, expulsaba todos los aditamentos de su ascenso: coches deportivos, cuadra de caballos, pinturas, cabezas de animales disecadas de sus rumbosos safaris, elementos decorativos de mal gusto pero no al alcance de todos... Un febril patrimonio que abochornó a muchos españoles, y que se convertía de paso en la prueba fehaciente, en el reality, del estado de pudrición de la situación. Su capacidad perversa para revertir la honradez, creyeron muchos españoles (aunque también hay un escepticismo crónico), merecía la pena más dura. Evacuado el fallo, la síntesis es que acoge en su seno once años de cárcel, menos de la mitad de los treinta que pedía el Fiscal. O sea, una sentencia tenue, vaporosa y relaxing para el calificado como cerebro de la trama que se dedicó, con alevosía y nocturnidad, a extraer la savia de los ingresos públicos.

    Estamos ante una  inyección de jurisprudencia, a la que volveremos la mirada para establecer cuán (en lo del interrogante sigo a Rajoy) grande debe ser la responsabilidad penal a la hora de meter la mano en la caja. Roca no se merecía ni la mitad, si bien, establece el fallo, tendrá que indemnizar con 240 millones de euros, muy por debajo de los 810 con los que atacaba la Fiscalía del Estado. Benevolencia, señores. Extraño, muy extraño, sobre todo cuando la lectura reclama, a viva voz, que una vez subastados los bienes incautados vaya a parar la masa dineraria de los mismos a resarcir al Ayuntamiento de Marbella, víctima de la pata de cabra de estos insaciables.

    He leído en alguna crónica que hubo hasta celebración y abrazos de felicidad por la contradicción entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurrió. Las preguntas serían: ¿a la vista del caso Malaya  y su resultado judicial cree que ha caído todo el peso de la ley sobre los que obraron a mansalva para edificar un costoso agujero? ¿Se alimentó con ilusiones vanas la Fiscalía al creer que el caso Malaya tenía que ser emblemático, un antes y después sobre las consecuencias del enriquecimiento ilícito en España? Y de paso: ¿cree usted que esta sentencia promueve entre la sociedad la idea de que nadie deber ser cómplice de este tipo de comportamientos, y qué  los ciudadanos honrados y justos ven refrendada así su actitud de responsabilidad ante lo público? Son interrogantes que esparzo aquí, con el temor, eso sí, de que ya no sea un tema de moda.

     

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