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Rubén Sánchez Antuña

Ingeniero de telecomunicación, diplomado en economía y postgrado de especialista en economía de las telecomunicaciones. Como escritor tiene publicados cuatro libros: "Dos estrelles nel firmamentu infinitu","El murmuriu d'un mieu ensin nome","Dos visiones asturianes de l...

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Reflexiones sobre las TIC y la sociedad de la información


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  • 20
    Septiembre
    2013

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    LAS NUEVAS REGLAS DE JUEGO

     

    El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de septiembre el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Ahora le toca el turno al Congreso de los Diputados, donde obviamente, debido a la mayoría absoluta del Partido Popular, no encontrará muchos problemas.
    Conviene tener en cuenta que la legislación vigente en España en materia de telecomunicaciones data del año 2003. Evidentemente, el mercado de las telecomunicaciones ha cambiado mucho en estos últimos diez años, en el cual hemos vivido una explosión de servicios que requieren redes de nueva generación para ser soportados; un despliegue que necesita urgentemente agilizarse para poder dar respuesta a la demanda.
    Teniendo en cuenta las necesidades de inversión requeridas para ofrecer servicios 4G y FTTH, este nuevo marco legal pretende fundamentalmente el fomento de  un “despliegue eficiente” traducido no sólo en la compartición de infraestructuras entre operadores, sino también en el uso de  conductos de titularidad pública o, incluso, de otros operadores de servicios privados como podrían ser las redes de distribución eléctricas. Para que nos entendamos, según palabras del ministro, “las redes de telecomunicaciones se consideran de interés general”, de tal modo que ni tan siquiera la comunidad de propietarios de un edificio se podrá oponer a que se realice un despliegue de infraestructuras para dar servicio a un vecino del edificio, realidad que se venía dando desde hace años y que suponía una fuente de conflictos para los operadores.
    Además, El Estado se coloca, prácticamente, como único interlocutor con los operadores a la hora de realizar despliegues de nuevas infraestructuras; por un lado, porque simplifica el proceso para acceder y usar el espectro radioeléctrico y, además, elimina las licencias urbanísticas y medioambientales que debían tramitarse a la hora de instalar una infraestructura en una parcela privada. Hasta ahora, si un operador quería ubicar un nodo de telefonía en la cubierta de un edificio, antes de su instalación requería una licencia municipal y esto  podía demorar la puesta en marcha de un servicio. Con esta nueva ley, este trámite se elimina y solamente es necesaria una declaración responsable por parte del operador.
    Pero bueno, más que profundizar en temática jurídica, lo que nos importa verdaderamente es: ¿qué ganamos como usuarios finales con esta nueva Ley General de Telecomunicaciones? Según razonamiento del Gobierno, un despliegue eficiente abaratará los costes para los operadores y, teóricamente, es algo que debería reflejarse en el precio final del servicio. Eso es lo que dice la teoría.

     

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