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Blog En analógico y en digital - Rubén Sánchez Antuña

Rubén Sánchez Antuña

Ingeniero de telecomunicación, diplomado en economía y postgrado de especialista en economía de las telecomunicaciones. Como escritor tiene publicados cuatro libros: "Dos estrelles nel firmamentu infinitu","El murmuriu d'un mieu ensin nome","Dos visiones asturianes de l...

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Reflexiones sobre las TIC y la sociedad de la información


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  • 14
    Diciembre
    2013

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    EL OJO QUE TODO LO VE

     

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha pedido en un dictamen preliminar la anulación de la norma europea que obliga a las operadoras de telecomunicaciones a conservar los datos de las comunicaciones de sus clientes durante al menos dos años.  Esta Directiva fue aprobada en marzo de 2006 como respuesta a los atentados terroristas del 11-M en Madrid (2004) y del 7-J en Londres (2005), con el fin de garantizar que toda la información acumulada estuviera disponible “con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves” cuando las autoridades lo requirieran, dejando al libre albedrío de cada Estado determinar quiénes podían ser esas autoridades.
     
    Las operadoras se resistieron a ello por la factura millonaria que suponía la conservación de esos datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas durante tanto tiempo (por ejemplo, números de teléfono de llamada, nombre, dirección del usuario registrado, fecha y hora de la conexión y desconexión).
     
    Es cierto que el  control de las llamadas perdidas fue determinante en su momento para descubrir a personas implicadas en los atentados del 11-M, por lo que la Directiva en sí misma no es mala, pero debe tener unas mínimas garantías, ya que el principal problema que le veo es que esos datos privados al no ser conservados por las autoridades públicas (ni estar siquiera bajo su control directo), sino por las compañías proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas, existe un gran riesgo de que los datos conservados se utilicen para fines ilícitos, fraudulentos, malintencionados y lesivos para la vida privada de la persona afectada. No deja de ser la misma información que, según las acusaciones de Edward Snowden, captaba la Agencia de Seguridad Estadounidense (NSA) y con la que se puede trazar el perfil de una persona e invadir potencialmente cualquier intimidad, por lo que puede generar una sensación de sentirse continuamente vigilado.

     

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