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M. Vallés

Matías Vallés (Corea, 1958). Licenciado en Ciencias Químicas, con Premio Extraordinario. Profesor de Química-Física en la Universitat. Se formó periodísticamente vendiendo diarios en semáforos –frente a la Catedral–. Pese a sus primeras crónicas de baloncesto en ‘Diario de Mallorca’ (1983), se le pe...

Sobre este blog de Nacional

Una cuenta atrás hacia las elecciones más importantes (y previsibles) de la democracia reciente.


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  • 21
    Octubre
    2013

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    Estrasburgo decreta el fin de ETA

    A este lado de los Pirineos, el primer estremecimiento que asalta a un lector de la sentencia de Estrasburgo se produce al calificar a la asesina múltiple Inés del Río de “ciudadana española”. Esta evidencia burocrática desnuda la insistencia psicológica por expulsar al terrorismo etarra de las coordenadas estatales en que se asienta. ETA es un fenómeno tristemente español, tan enquistado que se ha necesitado un arbitraje extranjero para constatar su extinción como banda asesina, una desaparición que no cicatriza las heridas ni neutraliza las secuelas acumuladas durante el último medio siglo.

    Estrasburgo ha decretado el fin de ETA, la liquidación del último núcleo terrorista europeo, mediante la constatación de que los seres abyectos también gozan de derechos humanos. El código penal vela asimismo por los criminales, y se redacta de hecho para racionalizar los castigos y evitar atrocidades. Inés del Río fue condenada a tres mil años que nunca han sido discutidos por la corte europea, lo cual salva la actuación de la justicia española. El debate se circunscribe al cumplimiento de una pena biológicamente irreal, y a las intromisiones de un Gobierno que actúa bajo el distintivo de los forofos.

    Con la sentencia de Estrasburgo, da comienzo la historia de Europa sin ETA. Los tribunales europeos consideran tradicionalmente que la doctrina Parot contraviene el principio de “ningún castigo sin ley”, y se remiten al artículo 25 de la Constitución española, donde se niega la retroactividad de las penas. Estas coordenadas no pueden modificarse ni en caso de guerra, cuanto menos para aplacar el impacto del terror o de los crímenes singularmente odiosos.

    La sentencia del Supremo que define la doctrina Parot fue dictada con ETA vigente. El tribunal sostenía que no sería lógico castigar de la misma manera “la comisión de un asesinato que la comisión de doscientos asesinatos”. La cifra se acerca a los 192 asesinados el 11-M, y España abordó con sobrecogedora racionalidad esta matanza. Quienes ahora convertirán a Estrasburgo en el nuevo Gibraltar, no deberían olvidar que aquel fallo del Supremo contó con magistrados españoles disidentes. En su opinión ahora revalidada por el tribunal de derechos humanos, la decisión conllevaba la imposición de una nueva pena. Consideraban que los argumentos de política criminal no justificaban la ruptura del principio de legalidad, ni en el caso de un terrorista sanguinario no arrepentido.

    Al conjurar un exceso penal, Estrasburgo obliga a España a mirar de frente a un futuro sin terror interno. El mazazo se inscribe en la era postETA. Es absurdo aplaudir al tribunal europeo cuando aprueba la ilegalización de?Batasuna, en una sentencia que citaba en media docena de ocasiones a Al Qaeda y el 11-S, y satanizarlo cuando aplica una medida garantista. La asesina múltiple Inés del Río no es la vencedora de esta batalla, pese a los errores del Gobierno al plantear un enfrentamiento personal. El triunfo corresponde a la convivencia en el ámbito europeo. La relajación de los controles no castiga únicamente a los asesinos, sino que abre resquicios que filtran los excesos a otras capas, siempre a conveniencia del poder ejecutivo. Ninguna pena hace reversible el asesinato, pero la cárcel ha contribuido a corregir el fanatismo de una parte considerable de sus autores, según ha demostrado España con ETA.

    Estrasburgo condena a Rajoy a hacer política, la actividad que más detesta. En lugar de dejarse arrastrar por la corriente, tendrá que repetir cien veces que ETA ha acabado, lo cual obliga cuando menos a cambiar la decoración. Al Gobierno le corresponde la torpeza de haber anticipado un fallo diferente, por lo que se equivoca con igual intensidad en las previsiones judiciales y económicas.

     

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