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SOL RINCÓN BOROBIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, informa que, a enero de 2010, el Gobierno canario atiende a 6.157 dependientes, a pesar de que hay 15.215 personas con derecho a la prestación que establece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como Ley de Dependencia.
Es decir, el Gobierno regional "tiene en el limbo de la dependencia al 60% de las personas que tendría que tener una atención", asegura Ramírez en base a la reciente estadística oficial del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), adscrito a la Seguridad Social.
La asociación también advierte del "escaso desarrollo" del Servicio de Ayuda a Domicilio que contempla la ley. Esta prestación en concreto, según la estadística del presente mes, "tiene cero usuarios" en el Archipiélago canario.
Ramírez indica al respecto que aunque los cabildos, ayuntamientos y entidades benéficas ofrecen atención a domicilio a algunas personas, éstas "no tienen la prestación que les corresponde según la ley", que es mucho más amplia que la que reciben de esas instituciones públicas.
Al respecto, explica que el servicio a domicilio se puso en marcha en España cuando se elaboró el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, en el año 1987. Es decir, hace 23 años que los ayuntamientos y los cabildos ofrecen este servicio.
Sin embargo, añade, "es una prestación básica de los servicios sociales que no tiene nada que ver con la prestación que garantizaría la Ley de Dependencia".
Como ejemplo, señala que "la media de horas a nivel nacional del servicio de ayuda a domicilio es de entre cuatro y diez horas a la semana", mientras que en aplicación de la Ley de Dependencia, "para un grado de gran dependiente se llegaría a 90 horas mensuales. Vemos que la intensidad no es la misma".
Manipulación. Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales "es bochornosa la manipulación" de la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, y del presidente regional, Paulino Rivero, "de los datos de la dependencia para enmascarar que la implantación de la ley en Canarias no ha sido efectiva". La asociación insiste en que Canarias es la comunidad que menos personas en situación de dependencia atiende en relación con su población. Menos aún que La Rioja.
Datos de 2009 y conclusiones
Atención a dependientes. Canarias es la comunidad autónoma que menos personas dependientes atiende en función de su población. Atiende a menos personas que La Rioja, que tiene casi siete veces menos población.
Sobrefinanciada. Canarias está sobrefinanciada en relación a los servicios que realmente presta a las personas dependientes. De hecho, la financiación en Canarias corrió practicamente a cargo del Gobierno español (que en 2009 dio casi 50 millones de euros, contando con el fondo estatal para dinamizar la economía y el empleo) y de los propios usuarios. (que aportaron más de ocho millones).
Justicia. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cree que, en justicia, el Estado debería abonar a Canarias la parte correspondiente a los servicios y prestaciones efectivamente realizados y no en base al número de personas dependientes que el Gobierno de Canarias dice que hay en la región.
Insolidario. La asociación opina además que es "gravemente insolidario" que algunas comunidades autónomas aporten más fondos de los obligados al sistema a costa de otras comunidades que no están llevando a cabo las acciones oportunas y que mantienen índices de atención y cobertura "cercanos al ridículo".
Explicaciones. Asimismo, los directores y gerentes de servicios sociales piden que las comunidades autónomas que reciban más fondos de lo que realmente cuestan los servicios y prestaciones efectivos en su territorio ofrezcan las explicaciones oportunas a los órganos del Estado competentes.
Gasto por habitante. El esfuerzo que hizo en el año 2009 el Gobierno español en Canarias por habitante fue de 25,93 euros, cuando el promedio estatal fue de 44,77 euros. En cuanto a los propios usuarios, aportaron al sistema de dependencia 4,04 euros por habitante. Finalmente, el Gobierno canario hizo un gasto el año pasado de menos 8,14 euros por habitante para atender a los dependientes.
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