El sablazo de las promotoras

DANIEL MILLET | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Todos los canarios tendrían que poner de sus impuestos 1.116 millones de euros (casi un 15% del total del presupuesto de Canarias sólo para 2010) si prosperasen las 12 principales reclamaciones de las promotoras contra las leyes de ordenación del territorio y de protección medioambiental que se han venido aprobando en el Archipiélago desde el año 1987. Y eso sin que ninguna de las empresas moviera una sola piedra. Por ahora, la comunidad autónoma sólo se ha visto obligada a afrontar el pago de los 33 millones del caso Montaña Rayada, el único de todos ante el que ya nada puede hacer. Sin embargo, la amenaza permanece pues la mayoría de las demandas se encuentran pendientes de las resoluciones judiciales.
Gobierno, 6; Promotoras, 6. Éste es el resultado provisional del tenso partido que disputan actualmente en los juzgados el Ejecutivo canario y las sociedades inmobiliarias que han utilizado todo su aparato legal para cobrar por unos derechos que en algunos casos no estaban consolidados, no se corresponden con el valor real de lo demandado o se obtuvieron en épocas en las que el caos y la arbitrariedad marcaban la gestión del suelo. Y hay mucho en juego porque esas cantidades desorbitadas que se solicitan ahora saldrían de los recursos públicos.
La situación es tan delicada, una vez que tras años y años de pleiteo los procesos empiezan a resolverse justo en el inoportuno momento de la crisis actual, que una mayoría de diputados canarios consultados por La Opinión de Tenerife considera que es hora de revisar a fondo toda la maraña normativa con la que las administraciones canarias quisieron resolver los disparates e irregularidades de los últimos años del franquismo. Sentencias "injustas" con indemnizaciones "desproporcionadas", carencias en el desarrollo y la aplicación de las leyes promulgadas y la "avaricia" de los promotores terminan de configurar un escenario en el que la especulación urbanística obtiene "un premio escandaloso".
Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, quiso dejar claro una cosa cuando respondió a una pregunta del Grupo Popular el pasado jueves durante el pleno del Parlamento: "Las leyes que han dado pie a las demandas fueron aprobadas por unanimidad en esta Cámara y, además, con un amplio respaldo social". Así ocurrió efectivamente con los tres grandes marcos que están detrás del problema: la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios Naturales de Canarias –sustituida luego por la Ley 12/1994–; la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias; y la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y de Turismo de Canarias, también conocida como moratoria turística.

La selva y los leones. El socialista Juan Carlos Alemán, vicepresidente 2º del Parlamento de Canarias, cree que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y la propia comunidad autónoma "debían con carácter de urgencia revisar todos los expedientes" de tal manera que "no se fragüen hoy más casos para el mañana". Su opinión de la estrategia de los promotores es muy descriptiva sobre una de las razones de fondo: "Los leones se mueven muy bien en medio de la selva. Y Canarias tiene un marasmo legislativo en los temas de territorio extraordinario. Creo que debemos resolver este marasmo y llegar a un gran consenso político para fundir la legislación en un texto que sea claro, sencillo y no deje huecos que puedan ser aprovechados por los leones".
Su compañero del Grupo Parlamentario Socialista, el gomero Julio Cruz, apunta a una triple vertiente: la inacción del Gobierno para desarrollar las leyes aprobadas, la excesiva facilidad para sacar nuevas normas que pisan a las anteriores y la disparidad de criterios entre unos partidos y otros. "Un partido como CC que aprobó las directrices pasa a compartir el Gobierno con otro partido, el PP, que no cree en las directrices. Y como no cree, no sólo no aplica las directrices ni las desarrolla, sino que además actúa en contra de ellas". "Cuando esto sucede", opina el diputado del PSC, "se genera un conflicto, y ese conflicto genera un vacío y unas contradicciones. Entonces, al final se concluye que la norma es mala. Y la norma no es mala. Lo que es malo es el desarrollo".
Julio Cruz coincide con algunos adversarios en que "siempre es momento de armonizar las normativas", pero en otros puntos hay divergencias. Así, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, prefiere poner énfasis en las decisiones judiciales: "Los tribunales tienen que ajustar mucho más sus decisiones en lo que respecta a las indemnizaciones". El abogado conservador entiende asimismo que "cuando la administración, sea de derechas o de izquierdas, atropella derechos subjetivos, ocurre lo que ocurre". "Los políticos y los funcionarios deben ser conscientes de que aquí se está jugando con el dinero de todos los canarios", considera Pérez-Camacho, para quien los empresarios "están en su derecho de reclamar si se ven perjudicados". Para él lo que habría que plantear es "una aplicación más cuidadosa de las leyes", aunque añade que "los derechos de las personas no se pueden atropellar y esto es básico en nuestro ordenamiento jurídico". "Ha habido casos en los que a las autoridades políticas se les ha advertido que sus actos podían ocasionar perjuicios y, sin embargo, no han dudado en seguir adelante".
Miguel Cabrera estaría por la labor de una comisión de estudio, "contando con juristas y técnicos", para revisar el marco normativo de Canarias, aunque su compañero del PP y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, recuerda que ya se han tomado medidas. "Precisamente por toda esta situación se ha aprobado esta legislatura la Ley de Medidas Urgentes, que va por esa vía: aligerar todo el procedimiento y esclarecerlo". Sus posturas retratan la doctrina liberal de los populares: "Quizás nos hemos olvidado de decirles a aquellos que apuestan por la conservación, con los que yo no estoy en contra, que tiene un alto coste", apunta, para añadir: "Aquí se ha protegido el 60% del territorio [es exactamente el 47%] sin tener en cuenta derechos adquiridos de particulares. Ya se advirtió en su momento de las consecuencias que podían tener estas políticas para el dinero público".
El portavoz parlamentario socialista, Santiago Pérez, no comparte que la reciente Ley de Medidas Urgentes haya sido una solución: "En vez de avanzar en la dirección de clarificar el sistema y mejorar la seguridad jurídica, se complica aún más. Por ejemplo, con la Ley de Medidas Urgentes". La teoría del también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna pasa por el caos normativo: "La legislación canaria sobre ordenación del territorio y el medio ambiente ha sido una permanente huida hacia adelante". En su criterio, "esto es un freno para la iniciativa de los agentes económicos más deseables, que son los que proponen proyectos de largo alcance y están dispuestos a cumplir con la ley, y un caldo de cultivo magnífico para los agentes económicos menos recomendables, los que mejor se desenvuelven en ese terreno de inseguridad, opacidad y complicidad con el poder".
Domingo Berriel, consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, y su compañero nacionalista José Miguel Barragán, portavoz del Grupo de CC, observan cierta manipulación en el debate cuando se obvian "los numerosos éxitos" de los servicios jurídicos del Gobierno. Ambos subrayan que se han evitado indemnizaciones por un valor total que se aproxima a los 900 millones de euros. "Fíjese que todas las sentencias son por no dejar hacer, no porque se esté haciendo algo. Estamos pagando por proteger, por hacer cumplir las leyes que se decidieron en su momento para preservar el suelo medioambientalmente más rico que tenemos", dice Barragán, para quien sería momento en todo caso de revisar "si hemos hecho bien en los procedimientos judiciales, si la defensa de los asuntos públicos ha sido correcta". "No siempre los gobiernos tienen razón. Precisamente para eso están los tribunales, para evitar que las administraciones cometan atropellos contra los ciudadanos", matiza.
Sea como sea, para el consejero Berriel, "hacer normas para proteger el territorio tiene un coste". En Canarias se ha blindado al desarrollismo el 47% del territorio: con la Ley de Directrices se redujeron unas 7.000 hectáreas de suelo urbanizable, con la moratoria se anularon casi 250.000 plazas hoteleras, con todas las normas se han reducido más de 171.000 plazas residenciales... "Eso es muy difícil de conseguir sin ninguna sentencia indemnizatoria", concluye Berriel.