La lacra incesante

La doctrina del lucro cesante, que ha impulsado las peores indemnizaciones que va a tener que pagar el Gobierno con fondos públicos, se ha convertido en una lacra incesante. El riesgo se conocía, pero nadie imaginó que las sentencias inflaran tanto las compensaciones.

DANIEL MILLET Si Canarias no hubiera puesto coto a los desmanes del franquismo, es muy probable que los tajinastes del Parque Nacional del Teide –como el que ilustra esta página–, otras especies endémicas de la flora o los parajes inigualables del Parque Natural de Jandía no existirían como los conocemos ahora. Pero la decisión de soltar muflones en el Teide para satisfacer a una minoría de amantes de la caza o las recalificaciones masivas sin ningún criterio medioambiental –por la llamada Ley Fraga– para convertir España en un gran destino turístico forman parte de un pasado que nadie quiere repetir.
Ése fue el escenario caótico e insostenible que tuvieron que enmendar las administraciones canarias con la llegada de la democracia, presionadas por una sociedad en la que empezaba a calar el ecologismo y forzadas por los extraordinarios valores de los ecosistemas canarios. Todo fue tan rápido y tan drástico que en el camino quedaron rendijas propicias para los tiburones del cemento. Derechos heredados de la dictadura, maniobras cazapelotazos a través de las cuales se compraban miles de hectáreas rústicas a cuatro pesetas el metro cuadrado –ambos casos atribuibles a la indemnización por Montaña Rayada– para aguardar por la recalificación de turno, decisiones administrativas que contradecían otras anteriores y ayudaban a los promotores en sus pleitos –caso Tebeto– y el máximo aprovechamiento de los vacíos legales con la complicidad de las propias administraciones, fundamentalmente de las locales. Ahí están las licencias concedidas sobre la bocina de la moratoria o las miles de camas (los hoteleros calcularon en su momento que unas 100.000) que tenían permiso de construcción pero que quedaron en un limbo.
El que fuera vicepresidente del Gobierno que sacó adelante la moratoria turística, Adán Martín, reconoció recientemente en el programa 59 segundos que las restricciones al urbanismo para cuidar el territorio se adoptaron sabiendo que iban a tener un coste. Lo que ni él ni los otros responsables pensaron era que el coste podía ser tan enorme. El propio Martín recordó que "eran medidas necesarias" que "fueron respaldadas con un amplio consenso político y social". Por eso uno de los mayores expertos independientes en ordenación territorial, Faustino García Márquez, que dimitió esta legislatura como responsable de la Agencia para el Cambio Climático y funcionario de la comunidad autónoma, considera que el problema de las indemnizaciones multimillonarias, que empiezan a desencadenarse ahora y que amenazan el erario público, no está en las leyes sino en la doctrina de las sentencias judiciales.
"Estaría de acuerdo en que las promotoras fueran compensadas por lo invertido en su momento, pero no en que estén recibiendo compensaciones desorbitadas sin haber desarrollado los proyectos, sin haber movido una piedra y, en algunos casos, sin haber ni siquiera invertido nada", considera García Márquez, que pone en la diana la filosofía de estas decisiones: el lucro cesante, que es ser indemnizado con un cálculo de lo que se ha dejado de ganar y que se habría ganado de no haber sucedido un daño como consecuencia de leyes u otras decisiones administrativas. Bajo este precepto perfectamente reconocido por la legislación vigente, la empresa Montaña Rayada SA va a recibir del dinero de todos los canarios 33 millones de euros (es decir, 5.498 millones de las antiguas pesetas) por algo que le costó –entre finales de los 60 y principios de los 70– un total de 55.534 euros (9.252.000 pesetas); o Cabo Verde SA puede recibir la friolera de 103 millones de euros por los derechos de explotación minera de Montaña de Tebeto que un reciente informe gubernamental valoró en no más de 2 millones. Y todo sin mover un grano de arena y sin haber elevado un proyecto desarrollado.
Muchos expertos como García Márquez coinciden en que ni la ciudadanía entiende "la verdadera gravedad de esta desproporcionalidad" que merma los recursos públicos –en plena recesión y con un paro que se aproxima peligrosamente al 30%–, ni tampoco recuerdan que las leyes a las que ahora culpan algunos fueron "necesarias" y "apoyadas por todas las fuerzas políticas". El 16 de noviembre de 1994, el Parlamento canario aprobaba por unanimidad la segunda ley de Espacios Naturales de la singladura autonómica, que sustituía a la hasta entonces vigente de 1987 también respaldada por todos. El 18 de julio de 2001, el pleno del Parlamento votaba otra vez por unanimidad a favor de la moratoria turística, aún vigente, que suponía la paralización de la construcción de infraestructuras hoteleras salvo que fueran declaradas de interés general. Y el 10 de abril de 2003, en el final de la legislatura y tras un intenso debate de dos años, la Cámara regional repetía acuerdo de todas las fuerzas para sacar adelante la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
Las trampas legales, los propios riesgos en las políticas conservacionistas y la arbitrariedad en la interpretación de las leyes han hecho también que pese a la moratoria, a finales de la pasada legislatura se aprobaran tres proyectos con el argumento de la excepcionalidad, que suponen 3.600 nuevas camas, aparte de las 17.000 previstas en La Palma o las 13.000 en La Gomera, según ha denunciado Greenpeace. Pero hay otro grave problema que apunta Faustino García Márquez: la falta de ética de los promotores a la hora de pedir indemnizaciones multimillonarias: "No es ético desde la perspectiva de los compromisos y los intereses sociales que se pida tanto por lo que no se dio apenas nada". "Nunca pensé que esto podía ocurrir", concluye el urbanista.
Y si éramos pocos, el gabinete de Paulino Rivero paría la Ley de Medidas Urgentes, con nuevos preceptos que facilitan entre otras cosas la construcción de nuevos hoteles. Resultado: un marasmo de normativas, sentencias infladas, expolio de recursos públicos y más presión sobre un territorio castigado.