´No puedo invalidar el actual sistema de listas´

Las dudas acerca del inicio de curso se repiten y este año se suma la pandemia de gripe. A todo debe hacer frente la consejera de Educación, que además se ha encontrado con una modificación de las listas del personal. "Sé que no estoy cumpliendo el Estatuto de la Función Pública", reconoce Luis Brito.

MARÍA PLASENCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE -¿Ha sido el inicio de curso normal como usted preveía hace unos meses?

-Ha sido complejo porque se trata de iniciar un curso donde por un lado se acaba de implantar el calendario LOE y además es el curso en que nos habíamos planteado consolidar las medidas de calidad como acogida temprana, refuerzo educativo y sobre todo dar impulso a las secciones bilingües. Además, apareció una incertidumbre en mayo que resultó ser una declaración de pandemia y que provocó una situación muy complicada, que nos cogía sin preparación ni experiencia previa. Teníamos que poner en marcha un plan de preparación y respuesta sin saber cómo iban a evolucionar las cosas en el verano y hasta el 1 de septiembre no teníamos realmente la certeza de que se iniciarían las clases. Es cierto que se han producido algunas incidencias, escasas en Infantil y Primaria y casi siempre vinculadas a ajustes de obras finales por parte de los ayuntamientos. Hicimos un esfuerzo enorme por adelantar todos los nombramientos a julio, lo que restó mucha incertidumbre y mucha preocupación respecto a años anteriores.

-¿Ya están todos los nombramientos realizados?

-Decir que están absolutamente todos siempre tiene un alto nivel de error cuando estamos hablando de 26.000, pero en general sí. Debe haber algún nombramiento pendiente, pero el grueso ya está. El año pasado hubo una incidencia muy desagradable, muy desafortunada y no prevista, que fue el cambio producido por Función Pública cuando desplazó laborales y nos produjo un impacto de rebote muy desagradable en los comedores escolares, este año han arrancado con normalidad y han empezado el primer día. No se ha producido ningún incidente en el transporte escolar, hay algunas demandas nuevas pero no incidencias y las tarjetas para libros de texto también han funcionado en general.

-Mencionaba la incertidumbre por la declaración de la pandemia de gripe A y, pese al plan de preparación y respuesta, la comunidad educativa considera que el sistema no está preparado.

-Es verdad que los centros no estaban preparados, nadie lo estaba, no sabíamos cómo hacerlo porque nunca nos ha tocado enfrentar en el servicio público de la Comunidad Autónoma una pandemia; pero nos hemos preparado. Es verdad que hemos ido resolviendo cosas sobre la marcha y según van saliendo nuevas las autoridades sanitarias las vamos afinando y las vamos mejorando. Hemos hecho un esfuerzo importante con los ayuntamientos, porque lo que matizan las autoridades sanitarias es que la limpieza y la dieta equilibrada son herramientas básicas para disminuir el impacto de la gripe A. Hemos tenido algunos casos donde se ha activado el protocolo pero eso no significa ni que el tema esté resuelto ni que la situación esté totalmente controlada porque entre otras cosas todavía no hemos entrado en el pico de impacto de otoño. Hace falta mucho sentido común porque este es un asunto para la responsabilidad, la serenidad, la tranquilidad y para ponernos de acuerdo. Es un asunto serio porque estamos ante una crisis de salud y por tanto la prioridad es la Sanidad y el resto tenemos que hacer todo lo posible por colaborar.

-La comunidad educativa está dispuesta a colaborar pero ¿le han pedido más apoyo económico?

-No hay ni en el Ministerio ni en la Comunidad Autónoma ninguna partida prevista para la gripe, eso no significa que no se tenga que buscar recursos cuando sea necesario. Se trata de ordenar los recursos porque jaboncillo y papel tienen todos los centros. Algún padre me ha dicho que no hay papel, por ejemplo, pero eso está muy mal, no ahora, sino antes también. Es un esfuerzo de comportamiento y de aplicación. Otra cosa que hemos planteado y que ha generado muchas preguntas es el espacio ventilable donde poner a un niño cuando detectemos que tenga fiebre hasta que vengan a llevárselo y cada uno tiene su eventualidad. Hay centros en Canarias que para eso han destinado el despacho del director porque no tienen más espacios.

-A finales del curso pasado se produjo un conflicto en relación al Plan Canario de FP que amenazaba con recrudecerse en el inicio de este. No ha sido así, ¿significa que el Plan que tanto ha defendido está funcionando?

-Quiero creer que es un ejercicio de responsabilidad compartida y de mejor información y, sobre todo, creo que se ha comprobado que no se desmantela nada sino que se ha producido un proceso de reestructuración. En todo momento, he dicho que sabía que iba a generar inquietud y que esa reestructuración afectaba a determinadas condiciones laborales de algunos grupos del profesorado que iban a ser desplazados. Objetivamente eso genera incomodidad, inquietud y hasta mal humor y afecta a los derechos laborales y, por tanto, eso debía ser atendido adecuadamente. En la medida en que el profesorado ha visto que se han atendido, como hemos podido, esas condiciones laborales, ha contribuido a desinflar alguna falacia que se ha estado diciendo. Por otra parte, hemos hecho mucho hincapié en que se cubran las plazas que quedaron libres y de esas 11.000 vacantes este mes se han cubierto muchas. Además, la demanda de FP ha sido muy importante y la matriculación ha crecido mucho en la doble vía: la de Programas de Cualificación Profesional (PCPI) y la de ciclos formativos de grado medio y grado superior. Ahora nos queda el gran debate de adaptación del mapa, no del plan, que son las líneas estratégicas o los criterios generales, sino adecuar el mapa a las necesidades.

-Pero, ¿es cierto que se han suprimido 60 módulos?

-Sí, claro que se han suprimido, en ningún momento lo he negado. Lo que niego es el verbo desmantelar. Se ha producido una reestructuración, claro que sí, y se ha producido una concentración de familias, y se ha producido una oferta en base a criterios de empleabilidad y demanda. El otro día me preguntaron en el Parlamento por un ciclo de Alojamiento que ha generado mucho debate en Lanzarote, y es verdad que hay 31 personas que han pedido plaza según un listado, pero al ordenarlo, la mitad tenía matrícula en otros ciclos; un cuarto, el DNI no correspondía con los nombres, y los otros son repetidores. Es necesario centrar bien este debate.

-Esa medida se pretende acompañar por un impulso de la movilidad, aprovechando el recurso de las residencias escolares, ¿se han cumplido las expectativas?

-Hay unas cien plazas disponibles. Este hecho da un indicador muy interesante y es que cuando damos información de qué recursos se pueden utilizar la gente responde. Si quiero un ciclo que se imparte en La Gomera y mi problema es que no tengo un sitio donde quedarme y me ofreces una plaza en una residencia, claro que voy a esa isla, y si es una familia con pocos recursos se ayuda con la beca.

-El problema del inicio del curso está siendo la modificación de las listas de sustituciones. No es responsabilidad expresa de la Consejería de Educación, ¿pero cuál es su planteamiento?

-Hay que insistir en que es un asunto del Gobierno que se trata en la Mesa General de la Función Pública y no es así por casualidad. Alguna vez, el año pasado, se nos acusaba de no convocar la Mesa Sectorial, y siempre respondí que no podía porque hay un nuevo estatuto de la Función Pública, que obliga a que primero se tiene que constituir la nueva Mesa de la Función Pública y, una vez que dice cuáles son sus competencias generales, se establecen las sectoriales en Educación y Sanidad. Ese es el proceso que se ha ido siguiendo porque las cosas son como son y no cómo nos gustaría que fueran. La Mesa General de la Función Pública está trabajando y se lleva un borrador de reglamento que se aprueba, y se establece cuáles son las competencias de la mesa general y de las mesas sectoriales. Por tanto, el criterio para ordenar de forma homogénea las listas de empleados públicos interinos y sustitutos es un ámbito de discusión de la Mesa General de la Función Pública, aunque afecta a Educación. Una vez que Función Pública aprueba la orden, que tendremos que firmar los tres consejeros, en la Mesa Sectorial veremos las cuestiones específicas del ámbito educativo. Lo que ocurre es que al proceso de la aplicación que se deriva de la entrada en vigor del Estatuto Básico de la Función Pública, se ha sumado otro proceso titánico que se ha realizado en esta Consejería de cuatro convocatorias de oposiciones, la de 2007, repetida en Infantil, la de 2008 y la de 2009. Como consecuencia de esos cuatro procesos, se juntan miles de personas que aprueban pero se quedan sin plaza y eso provoca una reacción importante. Hasta ese momento seguíamos ordenando las listas en base al segundo protocolo firmado con los sindicatos, pero en mayo de este año tengo un escrito de UGT, muy bien fundamentado, que recordaba que no se podían seguir utilizando los criterios del segundo protocolo porque hay un nuevo estatuto básico de la Función Pública y además pedían que revisara ese documento. Tras convocar la Mesa Sectorial para este asunto, hay otros sindicatos que se posicionan en contra por lo que no hay mayoría para modificar ese acuerdo. Soy plenamente consciente de que no estamos aplicando el Estatuto de la Función Pública pero no puedo invalidar el segundo protocolo que fija el sistema actual de la ordenación de las listas. Ahí se quedó la respuesta como Consejería de Educación.

-¿Qué camino seguirá ahora este proceso?

-El problema es que las personas que se sintieron afectadas, porque se les conculcaba un derecho, han recurrido y hay cientos de recursos en ese sentido. Son dos procesos diferentes, uno derivado del desarrollo y aplicación del Estatuto Básico de la Función Pública; y otro de los recursos y reclamaciones. Hay que tener en cuenta que son 2.700 personas las que hemos hecho funcionarias en el último año, lo que supone que se ha hecho un papel absolutamente extraordinario para intentar dejar estabilizada la mayor cantidad de personal que podamos. La mayor parte de ellos son interinos porque tengo que dar cumplimiento a una serie de acuerdos con los representantes de los profesores y porque tengo que dar estabilidad al empleo en el ámbito educativo y por eso la mayoría de los nuevos funcionarios eran interinos. Mi obligación como miembro del Gobierno de Canarias es contribuir a establecer criterios homogéneos en el acceso y ordenamiento de las listas de función pública, pero además como consejera de Educación tengo la obligación de analizar solicitudes contrapuestas, sobre todo de aquellas personas que han visto conculcados derechos fundamentales, como es el acceso a la docencia. Intentaré mantenerme dentro de los márgenes de la legalidad y en la medida que pueda, en el ámbito sectorial, procuraré favorecer la opción de llegar a acuerdos.

-Pero, como consejera de Educación, ¿es posible compaginar las demandas de los interinos y sustitutos y del colectivo de aprobados sin plaza?

-Mi primera obligación es respetar los derechos de las personas.

"La autoridad no se gana con decretos"

-¿Qué le parece la medida que ha propuesto la Comunidad de Madrid para legislar la autoridad docente?

-La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido una habilidad política enorme para poner el debate sobre la mesa. Esa es la habilidad. Creo que hay temas tan serios que no podemos tomar decisiones en calientes, es como cuando se comete un asesinato y nos indignamos y queremos cambiar el Código Penal. Nosotros hemos venido estudiado, trabajando y reflexionando sobre la necesidad de reforzar el papel social del profesor y, por eso, en el decreto que aprobamos el pasado verano que regula la función directiva reforzamos la capacidad de tomar decisiones y de apoyarlas por parte de la Administración. De hecho, se nos acusó de dar excesiva autoridad y ni lo creía antes ni lo creo ahora. Por otra parte, en las próximas semanas se concretará lo que hemos venido trabajando en unos cuantos meses con la Fiscalía para aplicar en Canarias la orden de la Fiscalía General del Estado de finales de 2008 que decía que había que habilitar fórmulas para que se actuara de oficio en el caso de agresión a profesorado y se consideraran como delito. Pero el debate de fondo es otro y no se consigue con un decreto, sino que se trata de concretar el papel del docente en una sociedad que ha cambiado. Eso requiere reposicionar la figura del profesorado para que socialmente se le reconozca la valía y su papel en la formación de las personas. Pero no se logra con una reivindicación sindical o una concesión normativa.