MARÍA PLASENCIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE
El pasado curso escolar no concluyó con tranquilidad en el sistema educativo y por el momento este final de año educativo podría convertirse en una nueva batalla. De momento no han habido grandes manifestaciones en la calle, pero determinadas decisiones de la Administración educativa han levantado la polémica y el rechazo tajante de buena parte de la comunidad escolar.
Son varios los asuntos que traen de cabeza fundamentalmente a profesorado y familias, aunque la mayor contestación se está produciendo en torno al recorte de la oferta de Formación Profesional en Canarias, que según recientes palabras de la consejera regional, Milagros Luis Brito, en sede parlamentaria, "se crearán hasta 65 grupos nuevos pero se eliminan unos 40".
Aunque las cifras no coinciden en demasía con las aportadas por las centrales sindicales, que hablan de la reducción de 60 ciclos formativos, lo cierto es que los sindicatos han encontrado apoyo en los representantes de padres y madres de alumnos, en los propios estudiantes y en los empresarios, e incluso responsables de instituciones insulares y municipales han mostrado su rechazo a la nueva oferta.
La Consejería de Educación argumenta esta oferta, amparada en el Plan Canario de Formación Profesional, en la adaptación de los ciclos formativos a la demanda del mercado de trabajo y del propio alumnado, en el fomento de la movilidad de los jóvenes y en la concentración de la oferta en la red de centros de calidad y agrupados por familias profesionales.
Sin embargo, las voces en contra argumentan que "para poder avalar la reducción en la demanda de alumnado se debe conocer el número de solicitudes de plaza", por lo que piden que se amplíe el plazo de preinscripción ya que "se está impidiendo al alumnado ejercer su derecho a la matrícula". También defienden que se mantenga la oferta actual "y debatir con toda la comunidad escolar a lo largo del próximo curso una oferta más adecuada".
Esta situación ha provocado tal malestar entre los docentes, familias y alumnado que incluso se ha advertido de la posibilidad de realizar una manifestación conjunta para protestar contra los recortes de FP y, seguramente, en defensa de la escuela pública. A tal punto de tensión aún no ha llegado el malestar de varias asociaciones de padres de alumnos (APA) por lo que han calificado como un recorte en los servicios educativos tales como la acogida temprana, los comedores escolares o las actividades extraescolares. La polvareda se levantó a raíz de la publicación de la nueva orden que regula la convocatoria de subvenciones y ayudas a este tipo de colectivos, que a juicio de las Asociación de Madres y Padres Coordinadas de Tenerife (ACTF), supone un reducción importante de ayudas a servicios fundamentales de la escuela pública.
Precisamente, gran parte de las críticas que enumera este colectivo se centran en que "los recortes se producen en el sistema educativo público pero se beneficia a la educación privada" y ponen de ejemplo "la posibilidad por primera vez de que estos centros accedan a la convocatoria de ayudas para actividades extraescolares". Claro que la Consejería regional de Educación lo niega: "sólo se incluyen en una de las cuatro modalidades de ayuda, para actividades dirigidas a padres y madres, y se ha incluido siempre a los centros privados", aseveró en su momento la directora general de Promoción Educativa, Pilar Teresa Díaz.
¿Medidas de calidad?
Pero si hay algo que mantiene en pie de guerra a los padres y madres de escolares es la acogida temprana, una medida que según reiteran una y otra vez no es mérito de la Administración educativa, al defender que fueron las APA las primeras en lograr que los centros se abrieran más temprano para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Evidentemente, en este aspecto tampoco hay acuerdo, entre otras cosas, porque se trata de una medida que se ha convertido casi en estandarte de las "buenas políticas educativas" del Gobierno de Canarias.
La acogida temprana en aulas formaba parte del plan de calidad que anunció hace más de un año el propio presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, en el Parlamento durante Debate sobre el Estado de la Nacionalidad y en el que además manifestó su compromiso con la formación en idiomas, no sólo de los escolares, sino de la población en general. No deben estar de acuerdo con esta promesa estudiantes y docentes de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) que son los protagonistas de un nuevo frente abierto con la Consejería.
En este caso, la veda se abrió con la nueva regulación de la evaluación de los alumnos de estos centros que establece unos nuevos criterios muy criticados por los profesionales que imparten docencia en las EOI. Según defendió la consejera de Educación esta semana en el Parlamento, y como ya hiciera el director general de Formación Profesional y Educación de Adultos, Manuel Jorge, hace poco, con los nuevos criterios se permite una evaluación más justa.
Argumentan que "como ocurre con el resto de etapas educativas, se valora de forma cuantitativa el esfuerzo y trabajo que ha realizado el alumno" y no se pone la nota en función "de un sólo examen". Lo que a priori parece una decisión más que lógica, para los docentes y directores de las Escuelas Oficiales de Idiomas es "una pérdida de la calidad de la formación y un desprestigio de la certificación que se imparte". Según alega este colectivo, "con los nuevos criterios impuestos por la Consejería se puede aprobar a un alumno incluso con un cuatro en la prueba de dominio, es decir, sin tener conocimientos suficientes del idioma".
Pero el conflicto con la enseñanza de idiomas no acaba en estos centros, sino que a ello hay que añadir la polémica surgida ya desde el pasado verano con la supresión de la segunda lengua como optativa en Bachillerato en respuesta a otra decisión controvertida de la Administración educativa, esta vez amparada en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Etapa en detrimento
Al principio fueron los profesores de lenguas extranjeras como Alemán o Francés los que alertaron, en conjunto, el paso atrás que suponía la desaparición del segundo idioma en Bachillerato, pero éste sólo fue el principio. El nuevo currículum de esta etapa educativa postobligatoria despertó la animadversión de otros muchos colectivos docentes, todos con el mismo lema: la defensa de la calidad de la enseñanza en Bachillerato. Constituidos luego como plataforma, profesionales de Dibujo o Biología, entre otros, reiteran una y otra vez que "no habrá peor Bachillerato en España que el de Canarias".
Ante tal desesperación, la directora general de Ordenación e Innovación educativa del Gobierno canario, Victoria González Ares, tuvo que salir a la palestra para defender este curriculum, argumentando que "las decisiones se han tomado tras una consulta a toda la comunidad educativa". Estas palabras no han convencido a la Plataforma en Defensa del Bachillerato, que amenazan con seguir denunciando la "reducción de la calidad de la etapa".
Si se tuvieran en cuenta todas estas amenazas y advertencias de movilizaciones, la manifestación que saldría a la calle sería la que ostentaría el récord en variedad de lemas y pancartas. Pero, si se mira el escaso seguimiento que padecen las movilizaciones en el sector educativo en relación a los potenciales protestones, no parece que la Consejería de Educación deba preocuparse. En este área, las constantes se repite: baile de cifras, desmentidos y defensa de la escuela pública son las más reiteradas, pero también se añade una nueva variable a esta ecuación: el enfado de los profesores ante todas y cada una de las decisiones de la Administración. El último se ha producido con la denuncia de varios sindicatos sobre las presiones que recibe el profesorado de la Inspección Médica para forzar a los docentes de baja a su incorporación. La justificación del viceconsejero de Educación, Gonzalo Marrero, es que "hay una cifra elevada de bajas en las Islas".
La constante Homologación
En estos momentos, lo que se convirtiera en una de las luchas sindicales más largas del sistema educativo apenas ocupa espacio en la agenda ni de los sindicatos y mucho menos de la Consejería regional de Educación, pero la demanda de homologación salarial del profesorado no ha concluido, sino que simplemente permanece aparcada. Tras más de dos años de jornadas de huelga, incontables manifestaciones, preacuerdo y referéndum y divisiones sindicales, el profesorado continua sin cobrar la misma cantidad en varios de los complementos de la nómina que el resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma. Aunque pueda parecer que hace siglos del fracaso de la última convocatoria de huelga en defensa de esta homologación, lo cierto es que apenas se desarrolló hace unos meses: en marzo. Desde entonces, otros conflictos han obligado a los sindicatos a dejar momentáneamente a un lado esta ya histórica lucha, pero no definitivamente. Es más que probable que por el momento los docentes no vuelvan a cortar el tráfico como ya lo hicieran en anteriores ocasiones tras una pancarta que rezaba "Por la homologación sin contrapartidas" pero eso no indica que todo haya terminado. Por lo pronto, y a no ser que los sindicatos decidan volver a animarse, la demanda de homologación ya se encuentra en los tribunales, tras las denuncias judiciales presentadas por varios principales y cuya primera vista se celebrará el próximo mes de enero. Esa es la fecha a la que alude la Consejería regional de Educación ante cualquier mención de lo que en un tiempo fue todo un quebradero de cabeza.
Aún así, la homologación salarial docente no es la única cuenta pendiente del sistema educativo, que aún podría padecer alguna sorpresa más de la mano de uno de los colectivos más castigados de los últimos tiempos: los opositores de Infantil de 2007. Tras la suspensión de estas pruebas en agosto de ese año, hasta la propia consejera regional de Educación calificó a los maestros como "víctimas", especialmente a los 275 que habían obtenido plaza. Con el paso del tiempo y no con poca contestación social, la Administración optó por repetir las pruebas orales a todos los aspirantes, lo que modificó en parte la lista de aprobados con plaza, unos docentes que amenazan con movilizaciones y recursos.
16:31
IMPRIMIR PÁGINA »
AUMENTAR TEXTO »
REDUCIR TEXTO »
