¿Derecho a decidir o a vivir?

LAURA PÉREZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE Hablar de aborto hoy, para unos es un debate del pasado y para otros un asunto pendiente. De la misma manera para ambos frentes en esta lucha en la que parece que nunca habrá un consenso, han pasado más de 20 años, cuando se redactó la primera ley en España.
El anuncio del Gobierno el año pasado de desarrollar una nueva ley sobre el aborto abrió estas heridas, para los colectivos feministas por considerar que el país se rige por una ley que no garantiza la seguridad de las mujeres y atenta contra su libertad de decidir sobre su propio cuerpo, y para los sectores antiabortistas por abrirse una puerta a una futura ley de plazos.
Aunque parece ser que la futura ley contentará más a los primeros que a estos últimos, el debate en ocasiones se aleja del contenido de esta ley y se centra en reproches políticos y económicos.
Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el pasado 28 de marzo, cuando tras celebrarse una manifestación antiabortista, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, le preguntó a sus organizadores por qué no habían salido antes a protestar y por qué el Partido Popular (PP) durante los años en los que gobernó no modificó dicha ley.
En esta línea, desde el PP reprocharon al Gobierno socialista querer desarrollar una ley en la que no existe consenso y dirigida únicamente por los criterios del partido y de los intereses económicos que existen entorno a esta práctica.
Tras las reuniones de la comisión creada a este fin -e integrada por todos los partidos políticos-, en la que se escucharon a diferentes expertos en la materia, las conclusiones, como al inicio fueron del contento de unos y del desagrado de otros.
El resultado fue la de plantear una ley de de plazos en la que se despenaliza totalmente el aborto y la mujer pueda hacerlo sin dar ningún motivo hasta la semana 14, mientras que a la semana 22 deberá de existir una causa médica que lo justifique.
Tras llegar a este punto, la ministra de Igualdad se reunió con representantes de las organizaciones feministas y antiabortistas a las que les comunicó las intenciones que tiene el Gobierno con esta nueva ley.
En el caso de los grupos pro abortistas, según Aído, ha existido "coincidencia" en la mayoría de los aspectos, sobre todo en la necesidad de garantizar el acceso en igualdad de condiciones en todo el territorio, dentro del Servicio Nacional de Salud Pública y en la seguridad jurídica y en la protección de las mujeres".
En el bando contrario al del actual Gobierno se topa, una vez más, con la Iglesia, la cual acusa a los socialistas de no proteger la vida humana, mientras que la ministra Bibiana Aído dice que a éste le corresponde decir "qué es pecado, pero no qué es delito" y al Ejecutivo elaborar leyes que afecten "a toda la ciudadanía" con "respeto" a todas las posiciones.

Una ley igual para todos

En las últimas manifestaciones realizadas por el Gobierno con respecto a la futura Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se destacó que dicha norma se aplicará en todas las Comunidades Autónomas españolas con criterios de igualdad. en esto , coincidieron esta semana las ministras de Sanidad y Política Social y de Igualdad, Trinidad Jiménez y Bibiana Aído, respectivamente.
Las leyes son de obligado cumplimiento y deben cumplirse en todas las comunidades autónomas, cualquiera que sea el partido que las presida, explicó Jiménez.
El Gobierno presentará en breve el anteproyecto de reforma de Ley del Aborto para que ésta sea "más segura" y "sensata", se defina con criterios de calidad y confidencialidad, y proteja por igual a las mujeres y a los profesionales médicos y sanitarios, ha dicho la ministra de Igualdad.
Aído ha destacado que los ministerios de Sanidad y de Igualdad están trabajando conjuntamente con los de Justicia y de Presidencia para la reforma de la Ley del Aborto porque la actual "es mejorable".
El nuevo texto "garantizará el acceso en igualdad de condiciones a todo el territorio nacional", de manera que la prestación se realice a través de la red pública o concertada, ha insistido. Jiménez subrayó también que el SNS garantiza el equilibrio entre los derechos de los médicos y los que alegan objeción de conciencia. (EFE)