PEDRO H. MURILLO | LA OROTAVA
Muchos consideran el caso Piedad como un "culebrón", e incluso se ha querido minimizar el mismo, simplemente como fruto de la pugna obsesiva de dos madres -adoptiva y biológica- por la menor. La trascendencia del debate público en el que -no hay que olvidarlo- el centro es una menor de siete años, se ha convertido en una vorágine en la cual se entremezclan informes de Menores, contratos preadoptivos, providencias judiciales, concentraciones de solidaridad y varios procesos penales abiertos.
El desconcierto se revela aún más profundo, después de que la madre biológica, Ángeles Suárez, anunciara la presentación de una querella por un presunto delito de prevaricación contra la Dirección General del Menor, tras la declaración de la niña en desamparo por segunda vez en su corta existencia. Ante estos hechos, las preguntas resultan inevitables. ¿El caso responde a una obsesión de la madre preadoptiva, Soledad Perera, por tener a Piedad a toda costa?, ¿se ha escuchado a la madre biológica lo suficiente como para establecer un juicio de valor sobre el caso?, ¿las actuales leyes en el ámbito de protección de menores cumplen con su principal objetivo, la preservación del bien superior del menor? Lo que resulta evidente es que la niña ha sido declarada nuevamente en desamparo.
Piedad, nombre ficticio empleado para proteger la verdadera identidad de la menor, comenzó su calvario mediático en 2007, cuando, en cumplimiento de una sentencia judicial, abandonó el municipio de La Orotava para regresar con su madre biológica, residente en Las Palmas de Gran Canaria. Pero la historia se remonta tres años atrás. Según los datos facilitados por la Asociación Pro Defensa de los Derechos del Niño -colectivo que ha sido la punta de lanza en cuanto a la defensa de la madre preadoptiva y que atesora numerosa documentación relativa la caso- la menor fue declarada en desamparo por el Ministerio Fiscal cuando contaba con siete meses de edad.
Esta decisión se produjo después de que la madre biológica iniciara una protesta a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en demanda de una vivienda. La niña ingresó en un centro de acogida durante un mes y fue trasladada a otra institución por espacio de tres años. En 2005 se inicia el procedimiento de acogimiento preadoptivo de Piedad, estableciendo un contrato con una familia de acogida residente en el municipio de La Orotava. En este punto, cabe aclarar que la Ley de Protección del Menor contempla tres modalidades en cuanto a la figura del acogimiento. El primero de ellos es el acogimiento simple, el cual tiene un carácter exclusivamente temporal en tanto en cuanto se establezcan las medidas de protección pertinentes. Por otra parte, se encuentra el acogimiento permanente, que se suele dar en menores de cierta edad y en el que se prevé el retorno del mismo con su familia biológica, y por último el acogimiento preadoptivo, en donde se establece un periodo de convivencia con el menor en aras de garantizar la total integración familiar entre ambas partes.
En el caso de Piedad, el procedimiento preadoptivo se había iniciado con normalidad hasta que la madre biológica solicita mediante vía judicial, un régimen de visitas para ver a la menor. La solicitud es admitida por el Juzgado de Primera Instancia de Familia número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, que no sólo autoriza la solicitud sino que dicta una sentencia en virtud de la cual se ordena el regreso de la menor a Las Palmas. Es entonces cuando el caso se complica.
La madre preadoptiva de Piedad, Soledad Perera, asegura que el largo proceso judicial emprendido desde que recibiera la sentencia en donde se ordenaba la vuelta de la niña con su madre biológica no responde a "una obsesión" ni a un "afán de posesión". Según Perera, "lo único que quiero es que la niña esté bien y que se respete el bien superior del menor". La madre preadoptiva de Piedad se negó a entregar a la niña a pesar de la existencia de la citada orden judicial. Ante esta circunstancia, en los primeros meses de 2007 se suceden los autos y providencias judiciales advirtiendo a Soledad Perera de las consecuencias penales que acarrearía no entregar a la menor en los plazos establecidos. El caso llega a la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, instancia que ratifica la sentencia y ordena la vuelta de la niña con su madre biológica, hecho que no se produce hasta el 10 de mayo de 2007 cuando efectivos de la Guardia Civil, acompañados por técnicos de la Dirección General del Menor, procedieron a trasladar a la niña a Las Palmas de Gran Canaria.
En este punto, el presidente de la Asociación Prodefensa de los Derechos del Niño (Prodeni), Francisco Calvo, considera "lamentable" la actuación de Menores y recuerda que fue este organismo, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, el que desaconsejó en un informe el traslado de la menor. En este documento, confeccionado por técnicos de la Dirección General del Menor con fecha de 30 de octubre de 2006, se advierte de "los efectos nefastos de llevar a cabo actuaciones inmediatas para la retirada de la menor por el alto riesgo de provocar un daño emocional o psicológico irreversible". En este sentido, desde la Dirección General del Menor siempre se ha asegurado que han cumplido una sentencia judicial, la cual obligaba la traslado de la niña, y han declinado realizar valoración alguna sobre la nueva declaración de desamparo de la menor.
Por su parte, la madre biológica, Ángeles Suárez, ha defendido su derecho a tener una segunda oportunidad si bien su representante legal, Dolores Palliser, ha tildado de "desafortunadas" las declaraciones públicas realizadas recientemente por Suárez en las que calificaba a la menor de "potrillo desbocado" en referencia a que la niña necesitaba una formación y que por esta razón se encontraba en un centro.
¿Un circo mediático?
Una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en el caso Piedad ha sido el papel jugado por los medios de comunicación. Las circunstancias que confluyen en el proceso que ahora se ha convertido en un procedimiento penal contra la madre preadoptiva, Soledad Perera, unidas a la nueva declaración de desamparo de la menor y a la presentación de una querella por presunta prevaricación contra la Dirección General del Menor han acaparado la atención mediática. Un caso similar es el denominado "Niño del Rollo" de Castilla y León, separado de su familia acogente y que suscitó la alarma social en relación a las garantías de los procesos establecidos para acoger a menores y la protección de los mismos por parte de las administraciones competentes.
En opinión de la letrada, Dolores Palliser, quien ha adelantado que solicitará amparo judicial, el caso de Piedad se ha convertido en un circo mediático". Sin embargo, para el abogado y ex fiscal general del Estado, Eligio Hernández, quien ostenta la representación legal de Soledad Perera, la decisión de impedir que el público -entre el que se encontraban numerosos periodistas- entraran en el juicio celebrado el pasado 26 de febrero contra la madre preadoptiva, Soledad Perera, por un delito de desobediencia supone "una irregularidad" y recordó que el Tribunal Constitucional ha delimitado el principio de publicidad de los juicios "un principio que sólo puede hacerse efectiva con la asistencia de los medios de comunicación como intermediarios naturales entre la noticia y la generalidad de los ciudadanos", señala Hernández en la denuncia presentada ante la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial, organismo que ha resuelto abrir una investigación acerca del caso Piedad. Con todo, el proceso judicial se antoja largo ya que tal y como aseguró Eligio Hernández, "éste es un caso que no se puede dirimir en primera instancia sino en organismos superiores". En este sentido, la apelación se encuentra en la Audiencia y Piedad en un centro de acogida.
La lluvia paró por soledad
La que estaba cayendo ayer en el Puerto de la Cruz no era ninguna broma. Hasta las actividades matinales del festival Mueca tuvieron que ser suspendidas a causa del aguacero. Por eso, muchas de las personas que estaban citadas a las once en la plaza de los Reyes Católicos de la ciudad turística para mostrar su apoyo a Soledad Perera dudaban si finalmente el acto se celebraría o no. Sin embargo, la lluvia paró en el momento en el que cientos de personas se iban congregando en la plaza, convocados por la asociación Prodeni de defensa del niño, así como otros colectivos y muchos particulares.
En conversación telefónica con este periódico, Soledad relató los pormenores de un acto "muy emotivo" en el que "la gente estaba muy entregada y comprometida" con la causa de esta mujer que pide algo de sensibilidad a las administraciones en el duro caso que lleva siendo portada de los periódicos demasiado tiempo. "Justo cuando terminó todo empezó de nuevo a llover", recordó Perera, que destacó la participación de muchos niños entre las aproximadamente mil personas que se dieron cita en la lluviosa mañana portuense. Los más pequeños leyeron poemas de Gloria Fuertes y mostraron su apoyo a Soledad Perera, que dio las gracias a todos los presentes en un pequeño discurso.
Soledad Perera fue condenada recientemente por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria a una pena de nueve meses de prisión por la comisión de un delito de desobediencia al no haber entregado a la niña Piedad a pesar de las numerosas providencias judiciales que la obligaban a ello.