La política turística en Canarias

Villar Rojas reivindica la Ley de Ordenación del Turismo de 1995 y afirma que en una década de normas jurídicas sobre la materia se ha tejido una maraña que sólo ha servido para obstaculizar un normal crecimiento del mercado turístico. Después de tantos años sigue pendiente el desarrollo de un modelo de relación del turismo con los recursos naturales y artificiales del Archipiélago.

Dentro de los seminarios que se celebran en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife intervino el profesor Villar Rojas, afirmado en su ponencia que "en los últimos diez años, la política turística de Canarias se ha caracterizado por intentar regular el mercado a través del control del suelo que pueden ocupar los establecimientos", añadió que en la última década de normas legislativas y reglamentos, sobre la materia se ha tejido una maraña jurídica que sólo ha servido para obstaculizar un normal crecimiento de este mercado.
Con la moratoria se intentó, desde los poderes públicos, frenar el crecimiento exponencial que se venía observando en el sector, justificando su actuación en el llamado mágicamente, turismo sostenible. "Se paralizaron las actuaciones urbanísticas de contenido turístico, haciendo excepciones relacionadas con el turismo rural y con los hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se fijaron directrices con un modelo que exigía que no se clasificara más suelo turístico. Se intentó recuperar el espacio turístico público y privado, así como calcular el crecimiento sobre la capacidad de carga".
No obstante el catedrático advirtió que los poderes públicos repiten en estos últimos años el mismo discurso, dando casi siempre respuestas contradictorias y paradójicas a la problemática turística y acertando muy raramente en las soluciones.
Por otra parte, en el Archipiélago se observa un claro proceso de centralización con la pérdida de poder de los municipios y la isla, a favor del gobierno de la Comunidad Autónoma, afirmando que la centralización no es la solución al problema del turismo. "El control del crecimiento solo puede conseguirse con la adecuada zonificación, el diseño de estándares y criterios objetivos de planificación y no debiera tener mayor importancia la autoridad que deba hacer cumplir esta norma".
Sobre el modelo turístico a utilizar, señaló que en la actualidad existen dos: uno para las llamadas islas turísticas, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote con crecimiento cero y otro para las llamadas islas verdes, El Hierro, La Gomera y La Palma, cuestionándose la razón por la que no se piensa en un modelo para cada isla. La realidad es que algunas medidas se adoptaron pensando específicamente en una isla y extrapolándolas a las restantes, criterio que no comparte pues no cabe un tratamiento homogéneo dadas las singularidades de cada una de ellas, por ello reivindica, a este efecto, el modelo de la Ley de Ordenación del Turismo de 1995 que planteaba la planificación insular de la actividad turística teniendo en cuenta su impacto en el territorio y en los recursos naturales. Villar insistió en que sobre este particular es preciso seguir aportando ideas porque se siguen utilizando normas transitorias, tal es el caso de la actual Ley 6/2009 de medidas urgentes, con lo que sigue pendiente el diseño de un nuevo modelo de relación del turismo con los recursos naturales y artificiales del Archipiélago.
Con respecto a los desafíos futuros, manifestó que hoy sobran los planes especiales territoriales de ordenación turística. En su opinión, la relación del turismo con el territorio debe estar reflejada en los planes insulares de ordenación y es imprescindible que su regulación sea sencilla, basada en normas de aplicación directa y con una ordenación que sea integral y por tanto equilibrada con otros usos, sin pretender ni ser necesario articular mecanismos de control del mercado.
Por su parte, Mario Alberto Perdomo, en la mesa redonda posterior, analizó los recientes casos de corrupción urbanística, con gran implicación en el sector turístico, que han sacudido a Lanzarote, asegurando que para poder avanzar hacia un modelo de autosuficiencia regional y desarrollo del modelo futuro de Canarias es necesario confiar cada vez más en una justicia ágil y en el estado de derecho. Señala la tremenda contradicción que se produce cuando al menos once hoteles con licencias fraudulentas han recibido subvenciones por 36,5 millones de euros con fondos procedentes de la Unión Europea. Termina señalando que sector tan sensible precisa que sean las personas más valiosas las que ocupen los puestos claves en la sociedad y lamentablemente no es esa la situación, con el consiguiente daño a la sociedad.

Perfil de los investigadores

Francisco J. Villar Rojas: Catedrático de Derecho Administrativo. Director y profesor del Máster Universitario en Derecho Urbanístico. Profesor del Máster Universitario en Gestión de Empresas Turísticas.

Mario Alberto Perdomo Aparicio. Economista y periodista. Columnista habitual en los medios de comunicación. Coordinó el programa Life Lanzarote para la Reserva de Biosfera. Secretario del Círculo de Empresarios de Lanzarote.