ROSA MARINA GONZÁLEZ MARRERO
Integrándose en las reflexiones sobre el Planeta Tierra que vienen difundiéndose por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, se realiza la presente aportación
No cabe duda que el transporte es una actividad estratégica e imprescindible para el funcionamiento de la economía. Sin embargo, en los momentos actuales se ha puesto de manifiesto la necesidad de disociar el crecimiento económico de la demanda de transporte, de forma que el desarrollo económico no ponga en cuestión el bienestar de los individuos.
Aunque España ha adoptado una serie de compromisos, a raíz de la ratificación del protocolo de Kyoto, lo cierto es que las emisiones de gases efecto invernadero han crecido -en el año 2008- un 42,7% respecto a los niveles de 1990. Además, a pesar de que en el último año se produce una reducción del 6,5% respecto a 2007, ello obedece en gran medida a la actual crisis económica. Por tanto, aunque parezcan cifras alentadoras no hay que olvidar que se trata de un fenómeno coyuntural y que no se observan cambios importantes en el uso de los medios de transporte ni en el modelo energético. Por todo ello, cabe esperar que una vez pasada la crisis económica se invierta esta tendencia de reducción de las emisiones.
El transporte por carretera es en gran medida responsable del incumplimiento del protocolo de Kyoto, solo basta observar que las emisiones en este sector crecieron en España un 88% entre 1990 y 2008 y supusieron un 23,4% del total. De ahí que sea este uno de los sectores prioritarios que requiere la adopción inmediata de medidas, tal y como se señala en el Libro Blanco "la política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad".
El transporte rodado genera también otro tipo de externalidades como el ruido, la ocupación de gran cantidad de espacio público, los accidentes de tráfico o incluso elevados costes económicos producidos, entre otros factores, por la congestión del tráfico. Todos estos problemas se han ido acrecentando a medida que se ha incrementado la movilidad, siendo el coche el que mayor repercusión está teniendo debido a su uso masivo e indiscriminado.
El hecho de que los motivos de trabajo y estudio (lo que se conoce como movilidad obligada) en los viajes urbanos en todo el país, alcancen más de la mitad de los desplazamientos en día laborable, pone de manifiesto la necesidad de gestionar este tipo de movilidad. Máxime si tenemos en cuenta que, según la encuesta MOVILIA 2006-2007 del Ministerio de Fomento, la mayoría de los desplazamiento a los centros de trabajo y estudio se realizan en modos privados a motor, un 63,3% frente a un 16,39% en transporte público. Esta situación es aún más desequilibrada en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde el 72,8% de los desplazamientos a los centros de trabajo y estudio se efectúa en modos privados a motor -frente a 14,4% en transporte público-.
Ante este modelo de movilidad es necesario un cambio en el que deben implicarse las autoridades, administraciones públicas y toda la sociedad (empresas, asociaciones, ciudadanos…). En este sentido, la Universidad debería convertirse en un actor implicado, no solo como agente que proponga y analice diferentes soluciones sino como centro que actúa como pequeña ciudad a la que acuden diariamente miles de personas y que, por lo tanto, debe disponer de un plan de movilidad.
La adopción de planes de movilidad a los centros de estudio y trabajo (Universidades, hospitales, polígonos industriales, grandes superficies, etc.) es un instrumento de gestión de la demanda de transporte contemplando como actuación prioritaria en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (la denominada E4). Estos planes conllevan la aplicación de la conocida política del "palo y la zanahoria" consistente en la aplicación simultánea de desincentivos al uso del coche e incentivos al transporte público y modos respetuosos con el medio ambiente.
En el caso concreto de la Universidad de La Laguna, cabe señalar que a pesar de que la mayor parte de la población universitaria procede del área metropolitana, la implantación del tranvía no parece haber desincentivado el uso del coche. Así, sigue siendo muy difícil conseguir un aparcamiento.
La gran cantidad de espacio dedicada a estacionamientos ha "deshumanizado" los campus universitarios. Además, la práctica de proporcionar plazas de estacionamiento, contrariamente a lo que pudiera parecer, es una política poco equitativa que subvenciona al usuario del coche (coste del suelo, construcción y mantenimiento, etc.) frente a los usuarios del resto de modos de transporte.
En este contexto, la implantación de "rutas de empresa", en este caso "rutas universitarias", de aparcamientos disuasorios en zonas estratégicas que incentiven al usuario a dejar su vehículo privado y cambiar a un modo de transporte público, son algunas de las medidas de mejoras en el transporte público que podrían estudiarse. Estas deben verse acompañadas con otras que "castiguen" el uso indiscriminado del coche, como restringir los aparcamientos en los campus arbitrando sistemas que permitan dar prioridad a los alumnos que acceden de zonas en las que la oferta de transporte público es deficitaria y a aquellos que comparten su vehículo. Igualmente facilitar el acceso en bicicletas, ofreciendo zonas de aparcamiento para bicicletas, carriles-bici, etc. y controlar las zonas anexas a los campus universitarios, donde en ocasiones se estaciona sobre las aceras, pasos de peatones, etc. lo que multiplica el "efecto llamada" que ya existe para los usuarios del vehículo privado.
Estas son algunas de las medidas que se podrían contemplar y que deberían quedar plasmadas en una estrategia de movilidad sostenible por parte de la Universidad. Por supuesto, esto requeriría de la coordinación y cooperación con autoridades y administraciones públicas. La adopción de un plan de transporte para la Universidad podría generar un "efecto contagio" al resto de centros en los que se genera/atrae una gran movilidad.
Perfil de la investigadora
Profesora titular del departamento de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Pertenece al Instituto Universitario de Desarrollo Regional y es investigadora en el Proyecto Estructurante de Transporte. Su área de investigación es la economía del transporte, más específicamente la demanda de transporte, sobre la que ha publicado diversos trabajos en revistas nacionales e internacionales y participado en proyectos de I+D+i de convocatorias nacionales.